La definición de financiamiento verde o finanzas verdes no ha logrado tener un consenso a nivel mundial. Sin embargo, para el sector bancario, una de las definiciones más reconocidas es la de Pricewaterhouse Coopers Consultants que se refiere a los “productos y servicios financieros, bajo la consideración de factores ambientales, a través de toma de decisiones de crédito, monitoreo ex pos y procesos de administración de riesgo provistos para promover inversiones ambientalmente responsables”  

De acuerdo con datos de la organización Global Environment Facility (GEF) 2018, se estima que hoy en día son necesarios cerca de $400-600 mil millones de dólares por año para financiar la conservación de la tierra, los bosques y el agua, y más de $ 350 mil millones de dólares de capital adicional para financiar proyectos de energía renovable y energía eficiente. Además, según la evidencia, se cuenta con menos del 15% de estos recursos, los cuales son provistos en gran parte por entidades públicas y filantrópicas.  

Así las cosas, y en vista de los desafíos cada vez más notorios y urgentes que aquejan el escenario medioambiental, el sistema financiero está tomando un rol cada vez más importante en su papel para aumentar aún más el apoyo al crecimiento económico sostenible, no solo en términos de préstamos tradicionales sino con una participación más activa mediante mecanismos e instrumentos de financiación verde.  

Los instrumentos financieros predominantes en la actualidad en el financiamiento verde son la deuda y el equity. En el mercado de deuda, el instrumento más conocido y más utilizado es el denominado bono verde.  El International Capital Market Association -ICMA- (2018), define los bonos verdes (BV) como “cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o re-financiar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, ya sean nuevos y/o existentes y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los Green Bond Principles (GBP)”. Estos principios son estándares que debería cumplir cualquier emisión para ser considerada verde, y cubren cuatro componentes principales: i) uso de los fondos; ii) proceso de evaluación y selección de proyectos; iii) gestión de los fondos e iv) informes y reportes.  

Siguiendo la experiencia internacional, en 2016 Colombia da un gran salto en el desarrollo de productos verdes, lanzándose a la implementación de bonos verdes como pionero en América Latina. En dicho año, Bancolombia se constituye como el primer banco colombiano en realizar la primera emisión de este producto, la cual se efectuó por un valor de $ 350.000 millones de pesos a un plazo de siete años (adquirida por la Corporación Financiera Internacional -IFC- por sus siglas en inglés, parte del Grupo Banco Mundial). Posteriormente en 2017, Davivienda emitió Bonos Verdes por un valor de $433.000 millones de dólares a un plazo de diez años (también adquirida por el IFC).  

En agosto 9 de ese mismo año, y como actor público, el banco de desarrollo empresarial de Colombia, Bancóldex, realizó la primera emisión de bonos verdes en el mercado primario de Colombia por un valor de $200.000 millones de pesos a un plazo de cinco años, la cual fue novedosa para el sistema financiero al ser la primera realizada en el mercado principal a través de la Bolsa de Valores de Colombia. En 2018, y luego de su exitosa colocación en 2016, Bancolombia realizó su segunda emisión de Bonos Verdes, esta vez en el mercado primario por un monto de $ 300.000 millones de pesos a un plazo de tres años.  Finalmente, el año pasado se realizó la primera emisión de Bonos Verdes por parte de una entidad del sector real, EPSA S.A., compañía que emitió $ 420.000 millones de pesos a un plazo de 12 años.  

Pese a los avances de la banca local en el desarrollo de algunos productos de financiamiento verde, aun el sector financiero sigue teniendo inmensas oportunidades en encontrar en el cambio climático y el desarrollo sostenible nuevos negocios mediante la diversificación de su portafolio de productos. De esta forma, se hace imperante que más instituciones financieras repliquen la experiencia (más que exitosa) de aquellos bancos (públicos y privados) que han venido liderando esta clase de financiamiento en el país. Asimismo, es importante que los bancos que han venido siendo los pioneros, sigan liderando y direccionando sus negocios hacia el financiamiento verde con nuevos productos y emisiones.  

La evidencia internacional es cada vez más contundente a la hora de mostrar que en el futuro inmediato esta clase de productos y activos están tomando más fuerza, como respuesta a la necesidad de los inversionistas y empresarios de contribuir con el medio ambiente, no solo mediante sus propias acciones sino a través de las inversiones que realizan. En consecuencia, el sector financiero del país y en general el de la región deberían seguir sumando esfuerzos y aprovechando la oportunidad que el financiamiento verde trae consigo.